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La portavoz municipal socialista, Cristina Maestre, emplaza a que en dos semanas se cese, dimita o se elimine la responsabilidad de las áreas que dirige la persona que tomó la decisión del despido. Junto a Maestre comparecía Lucía Menor, la trabajadora afectada y secretaria general del PSOE daimieleño, quién relató detalladamente las pruebas que aportó en el juicio.
El PSOE ha exigido al equipo de Gobierno que «acate de verdad» la sentencia del TSJCM que ha ratificado que el despido de la trabajadora municipal, Lucia Menor, actual secretaria general de ese partido en Daimiel, estuvo motivado «por su adscripción política». Ese acatamiento debería materializarse en que Menor «recupere su papel» y «un trabajo digno» en la concejalía de Promoción Económica donde venía trabajando desde 1998. Así lo ha expuesto en rueda de prensa la portavoz municipal del PSOE, Cristina Maestre, quien asimismo ha emplazado a que ante una «condena insólita en Castilla-La Mancha» e «intolerable en pleno siglo veintiuno» se asuman las «responsabilidades políticas oportunas». Así, y como «segunda exigencia» al Ejecutivo municipal, ha solicitado el «cese, dimisión o la eliminación de la responsabilidad» en esa materia de la persona que tomó la decisión. Para ello y para «unas disculpas públicas» Maestre daba un plazo de dos semanas, el que quedaría para la próxima Junta de Portavoces municipal.
De no producirse, la portavoz socialista anunciaba que su grupo se reserva «otras medidas políticas más serias», aunque especificaba cuáles serían. Asimismo, y preguntada por si un nuevo recurso del Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo modificaría esos planes, la portavoz socialista ha descartado tal posibilidad porque, según sus palabras, «sería una locura, no creo que sean tan irresponsables».
Previamente, Lucía Menor relató pormenorizadamente la forma en la que accedió a su puesto de trabajo, para el que tuvo que superar «tres pruebas», y los cambios que se produjeron a partir de septiembre de 2011 en las funciones que desempeñaba. Entre esos hechos, Menor indicó que, tras la vacaciones estivales, se le cambió «la clave de su ordenador» o se le dejó «sin acceso a los archivos y expedientes» de la delegación de Promoción Económica.
Asimismo, expuso que en octubre de 2011 se nombró una nueva coordinadora del área; que su comunicación con el concejal responsable se limitaba a correos electrónicos cuyas contestaciones eran «en tono de burla»; y que dejó de «asistir a todas las reuniones» concernientes a las tareas que había desempeñado hasta esos momentos. Además, tras el cambio a las dependencias del antiguo Mercado Municipal a principios de 2012, su lugar de trabajo es el «único abierto que está abierto a los usuarios», mientras que el resto de empleados municipales de ese edificio cuenta «con despacho independiente».
Finalmente, en enero de 2013 recibió la notificación de su despido «por motivos objetivos» y es a partir de ahí cuando se inicia el proceso judicial, previo intento de acto de conciliación. En abril arrancó el juicio en el Juzgado de Lo Social de Ciudad Real y, según expone Lucia Menor, éste se extendió durante 12 horas, cuando «lo habitual en los casos de despedidos es que no se alargue más de 40 minutos».
Algo que, a juicio de Menor, demuestra que el juez fue «muy exhaustivo» en la verificación de las pruebas testificales y documentales que ella aportó. Por último, se llega al TSJCM donde, concluye la afectada, «no se ve ninguna fisura» a lo fallado en primera instancia y que pasa por «la vulneración del articulo 14 de la Constitución Española o del 55.5 del Estatuto de los Trabajadores».
Menor, que se reincorporó a su puesto de trabajo en junio tras ese primera sentencia de Lo Social, comentaba que ya cuenta «con el teléfono fijo en su mesa y que se le ha dado «un móvil aunque con un número diferente al que tenía». «Pero sigo sin acceso a los expedientes, no puedo asesorar completamente a los usuarios, añadía.