Su portavoz, Cristina Maestre, justificaba esta petición por el desconocimiento, ya sea porque no existen o porque no se les ha hecho llegar a su grupo, de los informes económicos previos y los estudios de costes necesarios por ley para llevar a cabo dicha modificación.
Junto a esa petición del informe de legalidad y de los informes económicos aparejados, se registraban otros documentos más. Así, se solicitaba también que se detalle la implicación que tendrían los ingresos que se obtengan de esta subida en el Plan de Ajuste que presentó el ayuntamiento para acogerse al Plan ICO a Proveedores; otro escrito para saber el nivel de cumplimiento de dicho plan y uno más donde se solicita información sobre el estado de la deuda de la Junta de Castilla-La Mancha con el ayuntamiento.
Maestre explicaba que, en esta ocasión, las solicitudes han sido firmadas por los cinco concejales socialistas, ya que estas cinco firmas son el requisito mínimo necesario para obligar al equipo de Gobierno a responder, ya que, según Maestre, «desde hace meses no se nos proporciona la información necesaria a la oposición para poder llevar a cabo la labor de control al gobierno». Solicitudes de información que, según palabras de Maestre, ya habría resuelto el interventor pero que se estarían bloqueando desde el Ejecutivo Municipal.
A partir de este miércoles, el Grupo Municipal Socialista dará un plazo de diez días para recibir respuesta a estas instancias antes de impugnar la subida de tasas, precisaba Maestre que, no obstante, adelanta la presentación de alegaciones y propuestas. Entre ellas, «la bonificación de la totalidad del coste de la contribución para las personas en desempleo que no reciban prestación alguna» o «un cambio en la regulación de los tramos para el pago de la tasa de basuras», concluía.